Senadores mexicanos viajan a Washington para rechazar impuesto a remesas

Redacción Minuta Legislativa

Una comitiva plural de senadores mexicanos inició este martes una gira de trabajo en Washington, D.C. con el objetivo de fijar el posicionamiento oficial del Senado de la República frente a la propuesta legislativa discutida en el Congreso de Estados Unidos que busca gravar con un 5% las remesas enviadas por migrantes mexicanos.

La comitiva está integrada por Ignacio Mier Velazco, Andrea Chávez Treviño, Alejandro Murat Hinojosa y Karina Ruiz Ruiz, por Morena; Mauricio Vila Dosal, del PAN; Cristina Ruiz Sandoval, del PRI; Ruth Miriam González Silva, del PVEM; Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT; y Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano.

La postura de los legisladores mexicanos es unánime: rechazar el impuesto a las remesas por el impacto negativo que tendría en millones de familias que dependen de estos envíos y por las afectaciones económicas que provocaría tanto en México como en Estados Unidos.

El impuesto propuesto dañaría a quienes más aportan desde el extranjero y afectaría gravemente la economía de ambos países”, señalaron miembros de la delegación.

Durante la visita a los congresistas estadounidenses, se extenderá hasta el próximo jueves. Los senadores estarán acompañados por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, y sostendrán reuniones con diversos congresistas estadounidenses.

El objetivo es generar diálogo político y diplomático con los tomadores de decisiones en Washington, visibilizando las consecuencias sociales y económicas que tendría la aprobación de este impuesto.

En 2024, México recibió más de 64 mil millones de dólares en remesas, lo que representa una de sus principales fuentes de divisas. Estas transferencias económicas sustentan a millones de hogares en el país y son también una manifestación tangible del trabajo de las comunidades migrantes.

El intento de imponer un gravamen ha sido criticado tanto por sectores políticos como por organizaciones de migrantes, que lo consideran una medida discriminatoria y recaudatoria que atenta contra los derechos de quienes trabajan en el extranjero.

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